Todo es mentira. Un bulo. No hay ningún niño madrileño con discapacidad intelectual ingresado por falta de plazas en Ávila, lejos de sus padres, separado por horas de carretera, huérfano de abrazos y visitas frecuentes. Corre 2001, y esa es la respuesta que obtiene Eduardo Sánchez Gatell, diputado socialista, cuando recibe la queja de una familia y pide explicaciones al Gobierno. "Y yo me he sorprendido mucho cuando he leído en la prensa que 34 niños de nuestra Comunidad se han quedado en la calle por un problema estructural de la residencia (en Ávila)", se lamenta Sánchez Gatell cuando se destapa la verdad, según el diario de la Asamblea, en el que se aclara que en el grupo hay una decena larga de adultos. Han pasado 25 años, y aquella decisión de cubrir la falta de plazas en otras provincias aún da coletazos. Madrid acaba de licitar dos contratos para mantener la atención en Ávila y Málaga de cuatro mayores, ya que sacarlos de su rutina e integrarlos ahora en el sistema madrileño sería perjudicial. El programa, dice un portavoz gubernamental, terminará cuando se mueran.
"La Comunidad de Madrid mantiene cuatro plazas de cuatro personas mayores con discapacidad intelectual gravemente afectadas en centros especializados de otras comunidades autónomas, tres en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga y una en el Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura, en Ávila, centros en los que llevan viviendo una media de 50 años", explica un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila-Ponce de León Municio. "Estos contratos se mantienen derivados del proceso de transferencias de competencias del Estado a las comunidades autónomas de hace 30 años, con usuarios que por distintas circunstancias quedaron bajo la protección de la Comunidad de Madrid", sigue. "Se trata de plazas que solo se amortizan cuando desgraciadamente fallece la persona, pero se conservan mientras vivan para que puedan continuar viviendo en su hogar de siempre, amparadas en diferentes instrumentos jurídicos para dar continuidad a la atención de estas personas".
En 1990, la Comunidad suscribió un convenio con las Religiosas Esclavas de la Virgen Dolorosa - Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila) para atender a personas con discapacidad intelectual. No fue un hecho aislado. Por ejemplo, un decenio después, el 30 de marzo de 2001, Madrid y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios firmaron un contrato de gestión de servicio público para atender a 24 personas con discapacidad intelectual, según documentación pública consultada por este diario.
Una pregunta angustiada resume la razón de que todo eso sea necesario. "¿Dónde llevo ahora a mi hijo?". Mercedes Rodríguez es quien verbaliza su inquietud en el verano de 2001, según recoge la hemeroteca de EL PAÍS. Su hijo Artus, ya un adolescente, tiene las facultades de un bebé de 12 meses. Con su tamaño, su fuerza y su trastorno de madurez severo, el combo de colegio especializado y vida en casa ya no es suficiente. Pero en Madrid no encuentra nada. O no hay plazas, o no se hacen cargo por el perfil del niño. Así que Rodríguez acaba recorriendo cada fin de semana los 150 kilómetros que la separan de su hijo, ingresado en un centro de Ávila (distinto al actual) gracias a que la Comunidad paga un 75% del coste.
Así, el centro, aunque privado, tiene plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, la Diputación de Vizcaya y la Junta de Castilla y León. Y aunque en este caso el problema surge porque las autoridades obligan a reducir plazas por un problema estructural (de ahí la angustia de Rodríguez) el sistema sigue operando.
Décadas después, en Ávila queda una madrileña, que lleva allí desde los 15 años, antes incluso de que la administración madrileña alcanzara un acuerdo. Así, ha pasado 54 años entre esas paredes. En Málaga quedan cuatro personas casi un cuarto de siglo después del inicio de la colaboración. El que menos, lleva en el centro 46 años. La media de los tres residentes es de 50.
"Su traslado a otro centro supondría un grave trastorno", además de "un grave perjuicio", se lee en la documentación de la Comunidad de Madrid que justifica la renovación de los acuerdos, que suman un valor estimado sin impuestos de más de 800.000 euros, según consta en el portal de contratación autonómico.
Es el recuerdo de un pasado en blanco y negro, en el que las comunidades autónomas no habían desarrollado plenamente sus redes asistenciales y empezaba el pulso entre izquierda y derecha por el modelo de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid, gobernada entre 1983 y 1995 por el PSOE, y desde entonces por el PP. Para muestra de ese choque, el debate que protagonizaron los diputados en la comisión de servicios sociales de 2001 en la que afrontaron la polémica de los niños en Ávila.
"Tengo aquí las solicitudes de muchas de estas personas, hechas en el año 1998 para entrar en centros de la Comunidad de Madrid, y tengo constancia personal de que se les deriva sotto voce fuera de la Comunidad de Madrid", se queja el socialista Sánchez Gatell. "Es decir, lo que se está intentando hacer es simplemente disimular las listas de espera, disimular la enorme carencia de plazas que hay en la Comunidad de Madrid".
Así le secunda Caridad García Álvarez, de Izquierda Unida, mientras interroga a Encarnación Blanco, directora de Servicios Sociales en el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón: "Me gustaría que respondiera usted a cuál es la lista de espera en esta comunidad madrileña y qué previsiones tienen para el futuro".
Esto contesta la aludida: "Le tengo que decir que no hay una derivación hacia otros centros (...) En relación con las listas de espera, yo no dispongo en este momento del dato, con lo cual, lo recabaré".
Un intercambio que bien podría volver a darse un cuarto de siglo después, en la Asamblea de Madrid que domina el PP de Isabel Díaz Ayuso.
Fuente: EL PAÍS