Huelva es una provincia completa: agrícola y ganadera, minera y turística, industrial y pesquera. El rincón suroeste de España tiene hitos que se repiten con satisfacción, como la primera protesta medioambiental por la mala calidad del aire, en 1888, y un año después, la fundación del primer equipo de fútbol de España, con nombre inglés. Su toponimia huele a jamón de pata negra y al cuero de las botas camperas más famosas, marcas internacionales, como Río Tinto, que sigue denominando a la minera más grande del mundo. Sobre todo ello sobresale Doñana, un tesoro natural vigilado por medio mundo. Naturaleza e industria se entrecruzan siempre peligrosamente en esta provincia que mira con un ojo la belleza de sus marismas y con el otro las balsas de residuos industriales y la sobreexplotación de los acuíferos. Un acuerdo entre administraciones de distinto signo político selló en 2024 la pax onubensis, con un plan de recuperación del espacio natural y atención al campo. Así se afrontarían las elecciones andaluzas del 17 de mayo si no fuera porque el 18 de enero, a Huelva le tocó la peor parte del accidente ferroviario de Adamuz, que sembró de víctimas las vías, 46 fallecidos y decenas de heridos, un duelo que está lejos de cicatrizar.
Por lustros, Huelva fue un bastión socialista, hasta el 2022, cuando la misma ola que concedió mayoría absoluta al PP de Juan Manuel Moreno Bonilla cambió de signo a la provincia. Las encuestas indican resultados similares en la convocatoria del 17 de mayo, con un importante empuje de la ultraderecha en la provincia. La presencia de los migrantes no es ajena a estas previsiones. Sirva un dato: Almonte, con algo más de 25.000 habitantes, acoge a 80.000 extranjeros para la cosecha de la fresa. El día de la paga, los productores montan en autobuses a sus obreros y los llevan a comprar a los supermercados, que ya están avisados hasta de la nacionalidad de los clientes que vaciarán sus lineales, para que se provean de lo necesario. Todavía no se han dado tensiones sociales como en otras regiones, véase Torre Pacheco en Murcia o El Ejido almeriense. "Por ahora", dicen, "por ahora".
Los camiones entran y salen entre los invernaderos de Almonte. En una de las grandes empresas freseras de la localidad, con más de 80 hectáreas que saben de rechupete, la alta calidad de sus frutos viaja al extranjero en su mayor parte. La vista se pierde bajo las cubiertas de plástico donde se afanan marroquíes, búlgaros, rumanos, senegaleses con sus carritos llenos de oro rojo. En esta explotación se han construido casitas para los migrantes, con aire acondicionado, agua, luz, gas, lo necesario para pasar los meses estipulados. Ese es el modelo que buscan los empresarios: contrato en origen.
La presión de los importadores, del consumidor, finalmente, ha venido a poner orden, tanto en el trato a los migrantes como en el uso del agua y de los plásticos. Ingleses, franceses o alemanes, quien sea que se lleve la fresa y otros frutos rojos, viajan a menudo a hacer sus inspecciones. "El plástico translúcido que cubre las plantaciones se recicla por dos o tres cosechas y el negro en el que se asienta la fresa se cambia cada año, pero estamos obligados a enviarlo todo a la planta de reciclaje y eso se justifica ante las distribuidoras, lo mismo que la procedencia del agua", explica Manuel Delgado, portavoz de Puerta Doñana, una asociación de agricultores de Almonte.
Dos frases se repiten a menudo: "Europa nos está mirando". Lo dicen los ecologistas, satisfechos de que de esa vigilancia regule el equilibro entre el campo y el medioambiente. Y lo secundan los productores, que han apostado por una calidad acorde con el consumidor más exigente. La segunda frase es: "Necesitamos inmigrantes". En las oficinas de Freshuelva, la patronal de la fresa y otros frutos rojos, Rafael Domínguez, el gerente, da unas cifras: 12.388 hectáreas de berries, porque los arándanos y las moras también han ido ocupando sus espacios bajo los plásticos. Dice Domínguez, preguntado por las consignas xenófobas de Vox: "Los migrantes son nuestra mano de obra, pero apostamos por la contratación en origen con compromiso de retorno. Lo sectario no beneficia nunca, ¿quién dice que un búlgaro que lleva aquí 15 años y que habla más andaluz que yo es extranjero?". Y añade sobre la prioridad nacional recogida en los planes de Gobierno del PP y Vox en varias regiones: "¡Si ya priorizamos! Lo que pasa es que si tenemos 20 españoles y necesitamos 100 trabajadores pues tendrán que ser extranjeros. Y con el turismo pasa igual. Ese discurso de no querer inmigrantes no sirve, ya los tenemos". La contratación en origen se refiere sobre todo a marroquíes y latinos, que ya van llegando también, pero salen más caros, porque los productores tienen que pagar el viaje transatlántico. Para el resto, búlgaros, rumanos, como son europeos no hace falta. Ellos cotizan en sus periodos, que no solo es la fresa de Huelva, también saltan a Ávila o a Jaén con la aceituna.
Ilegales es una palabra con dos acepciones en los campos onubenses. Tan ilegales pueden ser los africanos que llegan en patera sin papeles como los agricultores que explotan los acuíferos de Doñana sin permiso. Para ambos se usa la palabrita. "El discurso contra los migrantes está calando sobre todo entre los jóvenes", lamenta Emma González López, responsable de Atención al Temporero en Huelva Acoge, que trabaja con psicólogas, mediadores y trabajadores sociales, algunos de origen árabe. Se dice harta de que las soflamas de la ultraderecha "estén siempre ligadas a la delincuencia", pero también reconoce que los sistemas se sobredimensionan con la llegada de miles de cosecheros. Lo mismo las escuelas que los centros sanitarios. "¿Por qué se refuerzan los servicios públicos en verano en las zonas playeras y no estos en campaña?", se queja del doble rasero que usan las Administraciones. Manuel Delgado, de Puerta Doñana, también hablará de la falta de comedores escolares en la recolección y de la estrechez de los servicios sanitarios que les están obligando a contratar seguros médicos, con Quirón, por ejemplo, para los obreros.
Los albergues van creciendo a cuentagotas y la población extranjera se hacina a veces en campamentos chabolistas. En Palos de la Frontera es bien conocido el asentamiento del polígono de San Jorge, levantado a base de chapa y palets de madera y cubierto con plásticos. Al lado, los invernaderos tienen mejor aspecto. Las basuras se acumulan por todas partes y los incendios ponen en guardia a los lugareños. Hay prostitución y drogas, signos eternos de la miseria, pero también temporeros que malviven sin contrato. Estos días, las oficinas de Huelva Acoge están, como las entidades y sindicatos de media España, a todo gas para sacar adelante la regularización de extranjeros decretada por el Gobierno.
Los otros ilegales son los productores que pinchan sin permiso el agua del acuífero de Doñana, señalados desde hace décadas por sobreexplotar las fuentes subterráneas que dan vida al parque nacional. "Yo no sé si son ilegales o no, yo me dedico a otra cosa", dice el gerente de Freshuelva. El que sí lo sabe es Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, con oficina en Sevilla. "Va lento, pero se están cerrando pozos ilegales y está habiendo solicitudes de agricultores que quieren cambiar sus cultivos al secano o a la repoblación forestal", asegura. Es parte del plan marco alcanzado en 2024, cuando Teresa Ribera era ministra de Transición Ecológica (PSOE), con Juan Manuel Moreno (PP), presidente de la Junta de Andalucía, y los alcaldes, que ha ido distribuyendo millones de euros en ayudas directas a los productores y Ayuntamientos para renaturalizar un espacio de enorme valor medioambiental que le costó a España una multa de Europa por no aplicar los cuidados necesarios a Doñana. "Europa nos está mirando", dirá también Revilla. La lluviosa primavera le ha sacado una sonrisa ancha. Y más aún el "consenso social" que, asegura, hay ahora mismo sobre Doñana y su entorno. Y también partidista: "Doñana ha salido de la pelea política, es milagroso". Hasta la Estación Biológica llegan gentes de Europa, de Estados Unidos y de China, pero no para vigilar, sino para tomar ejemplo de unos planes complejos entre cuencas fluviales e industria que se afrontan en tantas partes. "Doñana está sirviendo de ejemplo internacional", afirma Revilla.
No han sido pocos los tropezones que ha ido dando la relación entre ecologistas y productores agrícolas o la propia Administración. Pero el momento actual no es el peor, según Juanjo Carmona, coordinador de la organización medioambientalista WWF en Doñana. No hay dato que no encuentre en un golpe de clic en su teléfono móvil. "Datos tenemos muchos, el diagnóstico está hecho, la Administración da mucha información, pero el acuífero sigue con déficit por más que ha llovido en abundancia y 14 de los 16 sectores en los que se le ha dividido están en mal estado", asegura. A pesar de todo, opina que están ante un momento "de cambios decisivos. Lo que se haga ahora tendrá repercusión en las décadas siguientes y de manera permanente".
El dinero es el gran obstáculo, como siempre y en todo lugar. "Y estamos hablando de mucho. Si los fondos de inversión vienen a comprar terreno agrícola no será porque es ruinoso, verdad", explica con sorna. "Son economías potentes, al precio que se paga por hectárea, ¿quién puede comprar? Pues los fondos de inversión. Que hay agricultores que lo pasan mal, sí; que hay cultivos que si no los mantienes desaparecen, también; pero aquí se está hablando de mucho dinero", afirma.
El río Tinto arrastra su borrachera de minerales pesados Huelva abajo. Por siglos ya, los problemas que nacen en el norte de la provincia desembocan en el sur, y Doñana sufre las resacas. A los ecologistas no solo les preocupa la sobreexplotación del acuífero 27, como se le llamaba antes de la llegada de los eufemismos. También la inmensa balsa de fosfoyesos que dejó acumulados Fertiberia y que ahora nadie sabe cómo quitarse de encima, a las puertas mismas de la capital onubense; o los residuos de la minería roja. Hueva entera está atravesada por problemas medioambientales que ha ido heredando una industria minera y química que todavía es parte de su desarrollo.
En la refinería, al lado mismo del mar, trabaja Mario Samper. Trabajaba, porque ahora está de baja con el esternón roto y un latigazo cervical que se encarga del insomnio cuando no le atenazan las pesadillas. Él fue uno de los supervivientes del accidente de Adamuz y hoy da voz a las familias afectadas. Su teléfono es el infierno. Hijo y nieto de ferroviarios, Samper trató desde el principio de organizar las acciones de las familias después del accidente. Sentado en un bar de Mazagón asegura que parte del trabajo fue impedir que la política se adueñara de las reclamaciones de los afectados. "Porque aquí hay gente de todas las ideologías, eh". Se queja de las oficinas de ayuda a las víctimas, tanto la del Gobierno como la que después puso la Junta de Andalucía. "Dicen que no pueden llamar a los heridos para ver qué necesitan por una cuestión de protección de datos. Son muy amables todos, pero no están haciendo nada. Me piden a mí que les enlace con ellos, pero es que ese no es mi trabajo", repite hasta que alguien lo entienda.
Asegura que las indemnizaciones recibidas son pocas y arbitrarias, que hay necesidades de todas clases, gente que ha perdido una pierna, que necesita que le acomoden la bañera, "la casuística es enorme". Samper, y algunos otros ya organizados entre las víctimas, se encargan de gestionar los problemas jurídicos, laborales, económicos y psicológicos" que presentan las familias. "Ha sido duro", afirma, "muy duro". Cree que el culpable es Adif, desde luego, dice. Pero no quiere que pase como en el siniestro de Angrois, en Galicia, que todavía andan pleiteando por las responsabilidades políticas. "Electoralmente, opino que la peor parte en las elecciones se la va a llevar el PSOE, cuando la Junta también tiene sus culpas", afirma. "Creo que se podrían haber salvado algunas víctimas mortales si los teléfonos de emergencia hubieran funcionado correctamente". Quieren verdad, justicia y memoria. Que se aclaren las responsabilidades por aquella coctelera de piedras y miembros humanos en que se convirtieron los vagones en unos segundos. "Cuando voy por la calle me palmean y me dicen: 'dales duro, Mario, dales duro, y se refieren al Gobierno central", por eso cree que el PSOE pagará más en las elecciones por el duelo onubense.
Saliendo de Mazagón, un paisaje contradictorio se extiende a ambas orillas de la carretera. A un lado, las aguas primaverales han vestido de domingo las marismas, con sus espejos de agua, verde y agua sobrevolado por aves blancas; en el margen contrario se alzan como gigantes los edificios cilíndricos de las refinerías, el famoso polo químico de Huelva. Y entre ambos, el trazado ferroviario, certera imagen de los asuntos que atraviesa la provincia de camino a sus elecciones autonómicas.
Fuente: EL PAÍS